La Frivolidad del Reglamento de Extranjería con los Solicitantes de Asilo

El nuevo Reglamento de Extranjería, que entra en vigor el 25 de mayo de este año, refleja una clara frivolidad en su tratamiento a los solicitantes de asilo. Desde 2018 y 2019, antes de la pandemia, muchos extranjeros han utilizado la vía del asilo como un mecanismo para acceder a ciertos derechos en España: atención sanitaria, permiso de trabajo tras seis meses, derecho a no devolución y la posibilidad de regularizar su situación mediante arraigos.

Sin embargo, la sentencia del Tribunal Supremo de abril de 2023 provocó un gran revuelo al establecer que los solicitantes de asilo solo cuentan con una “residencia tolerada”. Esto no solo reafirmó la actitud mezquina de muchas oficinas de extranjería respecto a los solicitantes de asilo que intentaban acceder a algún tipo de arraigo, sino que además dejó clara la dirección que ha tomado la administración de justicia en España con respecto a este colectivo.

El impacto en los solicitantes de asilo legítimos

No se trata solo de discutir la rigidez administrativa hacia quienes han utilizado la solicitud de asilo con fines estratégicos, sino también de analizar el impacto en aquellas personas que realmente cumplen con los requisitos para recibir protección internacional. Existen miles de casos de ciudadanos de países como Mauritania, Mali, Nicaragua y Colombia que presentan solicitudes con motivos legítimos, huyendo de situaciones de persecución, violencia o conflictos internos.

A pesar de ello, la realidad es que las cifras oficiales reflejan que entre el 95 % y el 98 % de las solicitudes de asilo son denegadas. Esta tasa de rechazo tan alta pone en evidencia un problema sistémico: muchas personas que tienen motivos fundados para solicitar asilo quedan desprotegidas y, con el nuevo reglamento, sin posibilidad de acceder a vías alternativas de regularización como los arraigos.

La penalización de los arraigos: una injusticia

El hecho de que los solicitantes de asilo no puedan acceder a los arraigos, independientemente de si su solicitud era legítima o no, es una penalización desproporcionada. En lugar de aplicar una política de estudio exhaustivo y riguroso de cada solicitud desde su presentación, las autoridades parecen centrarse en limitar las opciones de regularización de quienes ven denegada su solicitud.

Si la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) admite que no tiene la capacidad para analizar todas las solicitudes en tiempo y forma, debería priorizar aquellas que no cumplen con los requisitos desde el primer mes de presentación. De esta manera, se evitaría prolongar la incertidumbre de quienes verdaderamente necesitan protección y se les permitiría encontrar alternativas viables sin caer en la irregularidad sobrevenida.

Las consecuencias de una política restrictiva

El resultado de estas medidas es preocupante: miles de solicitantes de asilo que realmente necesitan protección internacional acabarán en situación irregular durante al menos dos años más. Esto no solo afecta a su estabilidad y derechos básicos, sino que también fomenta la búsqueda de alternativas desesperadas y poco seguras, como los matrimonios por conveniencia o el trabajo en la economía sumergida.

La actual política de extranjería no solo castiga a quienes han hecho un uso estratégico del asilo, sino también a aquellos que realmente necesitan protección. La solución no debería ser endurecer aún más las restricciones, sino establecer mecanismos más eficaces y justos para diferenciar entre quienes tienen un temor fundado y quienes no, garantizando una protección real para quienes verdaderamente la necesitan.

Este debate debe ser abordado desde una perspectiva académica y jurídica, con el fin de encontrar soluciones más humanas y eficaces para la gestión de las solicitudes de asilo en España.

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