¿De verdad estamos en una justicia digital? Lo que sí y lo que no ha cambiado en extranjería, nacionalidad y asilo con la Ley de Eficiencia
Desde el 3 de abril de 2025, con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, se nos ha prometido una administración más digital, más ágil y más cercana. Pero quienes estamos cada día gestionando expedientes de extranjería, nacionalidad y asilo sabemos que el salto a lo digital no ha sido tan claro ni tan uniforme como debería.
Y aunque en el papel todo suena muy bien, la experiencia diaria nos muestra un sistema a dos velocidades: uno, que intenta modernizarse; y otro, que todavía arrastra deficiencias crónicas en comunicación, coordinación y atención al ciudadano.
Extranjería: una digitalización real… pero inestable
En el ámbito de extranjería, la plataforma Mercurio se consolidó desde la pandemia como el sistema estrella para presentar solicitudes telemáticas. Y es cierto: ha supuesto un avance importante. Hoy en día, muchas autorizaciones iniciales, renovaciones y modificaciones ya se tramitan en línea.
Pero Mercurio falla demasiado. Hay días en los que simplemente no funciona. El sistema se bloquea, lanza errores o deja trámites sin guardar. Y esto no es solo una molestia técnica. Cada fallo supone más espera, más incertidumbre y más frustración para personas que necesitan respuestas rápidas para vivir legalmente en España.
Y no es solo Mercurio. También fallan plataformas como SNAP (que utilizan los funcionarios del Ministerio del Interior para valorar expedientes) o el SIR, que supuestamente permite que un documento presentado en un registro llegue digitalmente al órgano competente. En la práctica, los documentos a veces se “pierden”, quedan en limbo o no se reenvían correctamente.
Nacionalidad: más orden, pero aún con retrasos silenciosos
En cuanto a los expedientes de nacionalidad, hay que reconocer que el sistema del Ministerio de Justicia ha mejorado notablemente en los últimos años, sobre todo en lo que respecta a notificaciones electrónicas. Pero eso no significa que la comunicación sea eficaz.
Cuando tienes que contactar con el Ministerio para resolver una duda o una incidencia, lo más habitual es que te den una respuesta genérica, sin entrar nunca en tu caso concreto. Y cuando se requiere una valoración más profunda —como ocurre con los informes preceptivos del Ministerio del Interior— los retrasos pueden ser interminables. Nadie informa. Nadie aclara. Nadie asume.
Y luego está el tema de la jura. Nos han comentado desde algunos registros civiles que se va a implantar un formulario digital para agilizar este paso. Pero, a día de hoy, no se ha puesto en marcha, y muchas personas siguen esperando cita durante meses, incluso después de tener la concesión de su nacionalidad.
Asilo: notificaciones irregulares y sin explicación
En los expedientes de protección internacional, la situación es más crítica aún. El sistema sigue siendo en gran parte presencial y en papel, aunque ahora se ha empezado a usar la plataforma DEHú (Dirección Electrónica Habilitada única) para enviar notificaciones.
El problema es que no sabemos bajo qué criterio la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior notifica a unos por DEHú y a otros no. No parece haber un patrón claro. Y lo más grave es que no se está usando el DEHú como método alternativo cuando la notificación en papel falla, lo cual sería lo lógico.
El resultado es que muchas personas se enteran de que tienen una resolución cuando acuden a renovar su documento, meses o incluso años después de haberse dictado.
Los consulados siguen en papel (y con coste extra)
En el exterior, la situación es todavía más atrasada. Los consulados siguen funcionando en papel. Se ha hablado mucho de la implementación del visado electrónico, pero esto no ha llegado a aplicarse. Entre otras cosas, porque se plantea a través de una empresa externa que exige un pago adicional, lo que genera dudas sobre su universalidad, equidad y transparencia.
El problema de fondo: la incomunicación con la administración
Más allá de la tecnología, el problema más grave sigue siendo la falta de comunicación con la administración. No hay forma real de contactar con las Oficinas de Extranjería, con el Ministerio del Interior, con la Oficina de Asilo y Refugio, ni siquiera con el Ministerio de Justicia.
Cuando escribimos una consulta, la respuesta (si llega) es tardía, superficial o directamente incorrecta. Y esto no es nuevo. Pero duele más ahora, cuando se presume de eficiencia digital y modernización. Porque un sistema moderno sin canales de atención reales no sirve a las personas, solo genera frustración.
Y lo más grave: en muchos casos, la propia administración tiene dudas sobre cómo interpretar ciertos procedimientos, pero no habilita canales para aclararlos con quienes representamos legalmente a las personas migrantes.
¿Eficiencia digital o distancia burocrática?
No necesitamos solo plataformas. Necesitamos una administración que escuche, que responda, que resuelva. Que esté preparada para usar la tecnología no como un muro, sino como un puente. Porque detrás de cada expediente hay una historia de vida, una urgencia humana.
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