Regularizaciones en España (1986–2026): una mirada personal a cómo el Estado “ordena” lo que ya existe

Hay temas que no escribo para “captar”, sino para entender. Y este es uno de ellos.

España ha hecho varias regularizaciones extraordinarias desde los años 80. Cambian los gobiernos, cambian las palabras y cambian los papeles. Sin embargo, el fondo se repite: cuando una realidad social ya está instalada, el Estado, tarde o temprano, intenta poner orden. A veces con sensatez. Otras veces con prisas. Y casi siempre con una tensión constante: regularizar sin abrir la puerta a todo, pero sin cometer la injusticia de expulsar a quien lleva años viviendo aquí.

Este texto es una opinión informada basada en los precedentes principales (1986, 1991, 1996, 2000, 2001, 2005) y en lo que se conoce públicamente sobre 2026 a fecha del informe interno (27/01/2026), sabiendo que el BOE es quien manda.

Un patrón que se repite: no se regulariza “a cualquiera”, pero tampoco se expulsa “por estar irregular”

Cuando se mira la historia con calma, se ve algo importante: si un proceso excluyera automáticamente por “estar irregular”, entonces dejaría fuera a casi todos los que pretende ordenar. Por eso, de forma constante, los filtros han tendido a ir hacia lo grave: orden público, seguridad, condenas serias, prohibiciones de entrada vigentes.

En las primeras etapas (marco LO 7/1985), la expulsión podía basarse en varios supuestos. Aun así, el núcleo de exclusión en regularizaciones se orientó a causas más duras, como las vinculadas a orden público/seguridad y a condenas graves. En cambio, la irregularidad pura y el trabajo sin permiso eran parte del problema que se intentaba arreglar, no un “filtro total”.

1986: el inicio práctico de “documentar” una realidad

La regularización de 1986 aparece en un contexto temprano, muy ligado al desarrollo de la normativa de extranjería de la época. No tenía el nivel de “ingeniería” documental que vimos después. Aun así, dejó sembrada una idea: la documentación extraordinaria es una herramienta política y administrativa, no un milagro.

Y, además, ya se intuía que el debate no era solo “papeles sí o no”, sino quién se queda fuera y por qué.

1991: “presencia + permanencia” y la puerta del empleo

En 1991 el acceso se articuló con una lógica muy reconocible: demostrar que estabas aquí antes de una fecha y que tu presencia era habitual. Y, a partir de ahí, entraba el componente de actividad: permiso previo, actividad por cuenta propia, una oferta firme, un proyecto.

Lo interesante es el tono: se hablaba de “oferta firme de empleo regular y estable”, pero sin meter todavía el estándar duro de horas o meses que llegó más tarde. Por tanto, el empleo era clave, sí, pero con margen.

1996: fecha de entrada + vínculo con permisos previos

En 1996 se reforzó una idea que luego vuelve: si alguna vez tuviste permiso, eso “pesa”. Se exigía estar en España antes de una fecha y acreditar estancia. Además, se contemplaba oferta de trabajo o declaración de actividad, sin un estándar cerrado de jornada o duración.

En otras palabras: no era una regularización “romántica”. Era una regularización práctica, con una puerta clara para quien ya había tenido contacto administrativo con el sistema.

2000 y 2001: ajustes y reexámenes, cuando el sistema no absorbe bien la primera ola

El 2000 y el 2001 muestran algo humano: el Estado lanza un proceso, se atasca, y luego corrige con un reexamen o una disposición para revisar denegados, sobre todo por pruebas de fecha o por encaje formal.

Aquí se ve bien una lección: en regularizaciones, muchas denegaciones no nacen de “no cumplir”, sino de “no poder probar”. Por eso, preparar documentos no es una obsesión: es supervivencia administrativa.

2005: el modelo “duro” que la gente recuerda (padrón + contrato + SS)

Si hay una regularización que marcó la memoria colectiva, es 2005. ¿Por qué? Porque bajó a tierra la fórmula con condiciones muy concretas:

• Empadronamiento antiguo.
• Ausencia de antecedentes penales (España y, además, de países donde se hubiera residido en los últimos años).
• Contrato con reglas claras: en general 6 meses; agrario 3; y estándares sectoriales.
• Jornada general de 40h/semana.
• Eficacia condicionada: el alta en Seguridad Social en plazo era decisiva.

Además, hay un matiz fino que a veces se olvida: el filtro de prohibición de entrada tenía excepciones en supuestos concretos vinculados a expulsiones no ejecutadas por irregularidad/trabajo. Esto demuestra que incluso los modelos “duros” han tenido válvulas, porque la realidad no cabe en una regla única.

2026 (pendiente de BOE): el riesgo de opinar con el titular y no con el texto

De 2026, a fecha del informe (27/01/2026), no hay Real Decreto publicado en BOE. Así que lo honesto es decirlo como es: hay hipótesis razonables por precedentes y por prácticas, y hay información mediática, pero falta la letra final.

Lo que se comenta en prensa apunta a: presencia antes de una fecha (se menciona 31/12/2025), una estancia mínima (se menciona 5 meses) y un filtro por “antecedentes penales relevantes”. También se sugiere una autorización con derecho a trabajar, pero sin confirmación todavía de si exigirán contrato, alta, o cómo será el “motor” de empleo.

Por tanto, para mí la posición correcta es doble:

• No vender humo: nadie serio puede dar por cerrado lo que no está en BOE.
• No quedarse quieto: quien llegue a abril con pasaporte, penales, estancia y coherencia documental, llega fuerte.

Lo que a mí me deja esta historia (y por qué me importa)

Después de repasar 1986 a 2005, una idea me vuelve una y otra vez: una regularización no es un premio moral, ni una lotería. Es un intento del Estado de ordenar un hecho social y laboral.

Y si eso es así, entonces hay algo que también se repite: la diferencia entre entrar y quedarse fuera suele estar en los detalles. En el documento que falta. En el antecedente que no se revisó. En la prohibición de entrada que nadie detectó. En el padrón o en la prueba de presencia.

Además, hay un segundo aprendizaje: cuando la Administración filtra, no suele filtrar por “irregularidad” como concepto abstracto. Filtra por lo que considera riesgo: orden público, seguridad, condena grave, o un bloqueo administrativo concreto. Esa distinción es clave, porque cambia la estrategia y baja el ruido.

En resumen: si llega una regularización en 2026, no será la primera, ni será mágica. Será un mecanismo con reglas, con filtros y con tiempos. Y, como siempre, ganará quien entienda el sistema y llegue con un expediente sólido.

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