Sin cédula venezolana: ¿de verdad no puedes pedir la nacionalidad española?

Hay casos que me molestan especialmente porque veo cómo una respuesta repetida termina convirtiéndose, sin serlo, en una especie de “ley de internet”.

Uno de ellos es el de la persona venezolana que salió de su país siendo menor de edad, nunca llegó a obtener número de cédula y ahora, ya viviendo legalmente en España, quiere solicitar la nacionalidad española.

Cuando intenta obtener sus antecedentes penales venezolanos aparece el problema: el sistema electrónico está construido alrededor de determinados datos de identificación y la persona no consigue completar el trámite.

Entonces empieza el peregrinaje.

Pregunta a un gestor. Pregunta en un grupo. Pregunta a otro abogado. Y muchas veces recibe siempre la misma respuesta:

“Sin cédula no puedes sacar antecedentes penales y sin antecedentes no puedes pedir la nacionalidad.”

Yo no aceptaría esa conclusión tan rápido.

Una cosa es que el trámite ordinario esté diseñado para funcionar con un número de cédula. Otra muy distinta es afirmar que la ley impide cualquier actuación mediante representante, que el pasaporte no puede identificar a la persona o que España está obligada a denegar automáticamente una nacionalidad cuando el documento extranjero es objetivamente imposible de conseguir.

Son problemas jurídicos distintos. Y precisamente por eso hay que separarlos.

No confundamos lo que dice una página web con lo que dice la ley

Este es el primer punto que quiero dejar muy claro.

Que una página institucional explique un procedimiento electrónico no significa necesariamente que una ley haya declarado esa vía como exclusiva.

Y que yo no encuentre una página oficial titulada “solicitud presencial por apoderado” tampoco demuestra que la representación esté jurídicamente prohibida.

Para saberlo hay que bajar un nivel más.

Hay que mirar la norma especial, la normativa general de procedimiento administrativo, las reglas de representación, los documentos que pueden identificar al interesado y si existe o no una obligación expresa de comparecencia personal.

Además, hay que revisar la práctica administrativa real y distinguirla de la norma.

Ese análisis cambia completamente este problema.

Primero: no es lo mismo no tener la tarjeta que nunca haber tenido número de cédula

Muchas personas me dicen en consulta: “No tengo cédula”.

Pero esa frase puede describir situaciones completamente diferentes.

Tienes número de cédula, pero no tienes la tarjeta física

Puede que la hayas perdido, que esté vencida, que salieras hace muchos años de Venezuela o que simplemente no puedas acceder al sistema.

En ese supuesto existe una identidad administrativa previamente creada. Por tanto, el problema suele estar en el acceso electrónico, en la actualización de datos, en SIGESAP o en alguna incidencia vinculada al expediente.

Nunca te asignaron número de cédula

Este supuesto es distinto.

Puede ocurrir, por ejemplo, cuando una persona salió de Venezuela siendo niña y nunca realizó posteriormente el proceso de cedulación.

Al intentar hoy obtener un certificado de antecedentes penales, puede encontrarse con que el procedimiento electrónico ordinario no contempla bien su situación.

Y aquí es donde yo creo que hay que dejar de pensar como un mero usuario de una página web y empezar a pensar jurídicamente.

La LOPA venezolana sí contempla representación

La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos de Venezuela contiene una norma que para mí es fundamental en estos casos.

El artículo 25 permite que los administrados puedan hacerse representar cuando no sea expresamente requerida su comparecencia personal.

Además, el artículo 26 regula cómo puede acreditarse esa representación.

Y todavía hay algo más importante: el artículo 49, cuando regula la identificación del interesado y, en su caso, de su representante, contempla la identificación mediante cédula de identidad o pasaporte.

Esto no significa que yo pueda garantizar que cualquier funcionario venezolano vaya a expedir automáticamente un certificado de antecedentes penales a una persona que nunca fue cedulada.

Eso sería decir más de lo que hoy puedo probar.

Pero tampoco permite afirmar alegremente que “sin cédula no se puede hacer ninguna solicitud”.

La norma general de procedimiento administrativo abre un argumento jurídico serio que debe ser estudiado.

La ley venezolana de antecedentes penales tampoco puede reducirse al botón de una web

La Ley de Registro de Antecedentes Penales venezolana de 2022 es otra pieza que debemos estudiar.

La norma regula el Registro de Antecedentes Penales y el derecho de las personas a acceder a la información que sobre ellas consta en el sistema.

Además, contempla componentes digitales y físicos del registro.

Por tanto, cuando el sistema informático no resuelve una situación excepcional, yo considero razonable preguntarse si la solicitud puede plantearse directamente ante el órgano competente utilizando las reglas generales de procedimiento administrativo.

De nuevo: esto es una tesis jurídica defendible, no una promesa comercial.

Y esa diferencia importa muchísimo.

Entonces, ¿puede un apoderado intentar pedir los antecedentes en Venezuela?

Mi respuesta es más precisa que un simple sí o no.

Yo sí estudiaría y, si el caso lo permite, intentaría la presentación mediante apoderado.

La razón es sencilla:

si la normativa general permite representación, admite el pasaporte como medio de identificación y no encontramos una prohibición específica que obligue al interesado a comparecer personalmente para formular esa petición, existe base jurídica para intentarlo.

Ahora bien, hay que hacerlo bien.

No mandaría a una persona a Venezuela simplemente con una fotocopia del pasaporte y una explicación verbal.

Prepararía una actuación completa.

Qué prepararía yo

Entre otra documentación, estudiaría la conveniencia de aportar:

• poder especial suficientemente amplio;
• apostilla del poder cuando corresponda;
• pasaporte venezolano del interesado;
• partida de nacimiento;
• documentación identificativa del representante;
• explicación de por qué nunca existió número de cédula;
• pruebas de que la vía electrónica no permite completar la solicitud;
• escrito jurídico fundamentado en la normativa administrativa venezolana;
• petición expresa de expedición del certificado;
• y, subsidiariamente, petición de una respuesta administrativa escrita si el documento no puede emitirse.

Ese último punto para mí es especialmente importante.

Una respuesta negativa de Venezuela también puede convertirse en prueba

Supongamos que hacemos correctamente la solicitud y Venezuela responde:

“No podemos expedir este certificado porque la persona nunca tuvo número de cédula.”

Para algunas personas eso sería el final del camino.

Para mí puede ser exactamente lo contrario.

Porque ya no tenemos únicamente a un cliente diciendo que “la página no le funciona”.

Tenemos un documento procedente de la Administración competente explicando por qué el certificado no puede obtenerse.

Eso puede ser una pieza probatoria muy importante dentro del procedimiento español.

Por eso insisto tanto en que estos casos no deben trabajarse cuando ya tenemos la denegación de nacionalidad encima.

Hay que trabajarlos antes.

España tampoco puede analizar este problema de forma automática

En la nacionalidad por residencia, la buena conducta cívica es un requisito legal importante.

El procedimiento exige normalmente aportar el certificado de antecedentes penales del país de origen.

Sin embargo, existe jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha analizado precisamente los supuestos en los que conseguir esa documentación resulta extraordinariamente difícil por causas no imputables al solicitante.

La STS 972/2020, de 9 de julio, ECLI ES:TS:2020:2241, es especialmente relevante.

El Tribunal Supremo no convierte la imposibilidad en una dispensa automática. Eso también quiero dejarlo claro.

Lo que hace es impedir una lectura completamente mecánica del requisito cuando existen dificultades reales, acreditadas y no provocadas por la desidia de la persona interesada.

Por tanto, el trabajo jurídico consiste en demostrar precisamente eso.

No quiero “pedir un favor” al Ministerio de Justicia

Esta es una diferencia fundamental en mi manera de trabajar estos casos.

Yo no quiero presentar una nacionalidad incompleta y escribir:

“Por favor, perdónenos porque no tenemos este documento.”

No.

Quiero demostrar jurídicamente:

• qué documento era necesario;
• qué actuaciones realizamos para conseguirlo;
• qué obstáculos encontramos;
• qué dice la Administración venezolana;
• por qué el problema no depende del interesado;
• y qué otras pruebas acreditan su buena conducta.

Eso no es mendigar.

Eso es construir prueba.

¿Por qué preparar todo esto antes de presentar la nacionalidad?

Porque una nacionalidad mal preparada puede acabar en una denegación y, después, en un procedimiento judicial mucho más complicado.

Si sabemos desde el principio que existe un problema con los antecedentes venezolanos, hay que anticiparlo.

Por ejemplo, podemos documentar:

• los errores de la plataforma;
• las comunicaciones realizadas;
• las solicitudes presenciales;
• las respuestas administrativas;
• la trayectoria de residencia en España;
• los antecedentes españoles;
• la integración laboral y social;
• y cualquier otra prueba relevante de buena conducta cívica.

De esta manera, si finalmente la Administración española mantiene un criterio restrictivo, el expediente no llega vacío a un eventual recurso.

La estrategia procesal ya está construida.

Lo que no voy a decirte

No voy a decirte que existe un trámite oficial perfectamente publicado que garantice que cualquier venezolano nunca cedulado va a obtener sus antecedentes únicamente con su pasaporte.

No he encontrado una norma que permita hacer esa afirmación con esa contundencia.

Tampoco voy a decirte que basta con presentar la nacionalidad española sin antecedentes y explicar que no los tienes.

Eso sería una irresponsabilidad.

Lo que sí digo es que existe una diferencia enorme entre:

“No encuentro un botón para hacerlo”

y

“La ley prohíbe hacerlo”.

Y hasta ahora, yo no he encontrado una prohibición general que me haga abandonar sin más la posibilidad de plantear una solicitud administrativa correctamente representada y documentada.

Mi criterio profesional

Si una persona salió de Venezuela siendo menor, nunca fue cedulada y hoy el propio funcionamiento administrativo le impide obtener el certificado exigido para ejercer un derecho en España, yo no empezaría diciéndole “no puedes”.

Primero investigaría.

Después intentaría.

Documentaría.

Exigiría respuesta.

Y posteriormente construiría el expediente español con toda esa prueba.

Puede que la Administración venezolana acepte emitir el documento.

Puede que lo rechace.

Puede que tengamos que discutir posteriormente con la Administración española.

Eso forma parte del Derecho.

Lo que no considero aceptable es confundir la comodidad administrativa con una prohibición jurídica que nadie ha demostrado.

Preguntas frecuentes

¿Sin cédula venezolana es imposible solicitar la nacionalidad española?

No afirmaría eso. Primero hay que saber si nunca existió número de cédula o si simplemente existe un bloqueo documental o electrónico. Después hay que analizar si es posible obtener los antecedentes por otra vía o acreditar una imposibilidad real.

¿Puede otra persona pedir mis antecedentes penales en Venezuela?

La normativa general venezolana permite la representación administrativa cuando no se exige expresamente la comparecencia personal. Sin embargo, la aceptación concreta de una solicitud de antecedentes en supuestos excepcionales debe analizarse caso por caso.

¿El pasaporte sirve para identificarme ante la Administración venezolana?

La LOPA contempla la cédula de identidad o el pasaporte al regular la identificación de los interesados en solicitudes administrativas. Eso constituye un argumento jurídico importante cuando no existe número de cédula.

¿Y si Venezuela responde que no puede emitir el certificado?

Esa respuesta puede convertirse en una prueba muy importante para demostrar ante España que existe una imposibilidad real y que la falta del documento no se debe a dejadez del solicitante.

¿Me pueden conceder la nacionalidad española sin ese certificado?

No existe una concesión automática por el simple hecho de no poder obtenerlo. Sin embargo, la jurisprudencia ha admitido que las dificultades reales y no imputables al interesado deben valorarse y que la buena conducta cívica puede acreditarse mediante un conjunto más amplio de pruebas.

Mi recomendación final

Si te encuentras en esta situación, no presentes la nacionalidad a ciegas y tampoco renuncies únicamente porque alguien te haya dicho que “sin cédula no se puede”.

Primero hay que reconstruir tu situación documental venezolana: cuándo saliste del país, qué pasaporte tuviste, si alguna vez existió número de cédula, qué respuesta da actualmente la plataforma y qué posibilidades existen de actuar mediante representante.

Después decidimos la estrategia.

En este tipo de casos, el trabajo jurídico empieza mucho antes de pulsar el botón de presentar la nacionalidad.

Fuentes jurídicas que he tenido en cuenta

• Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos de Venezuela, especialmente sus reglas sobre representación e identificación del interesado.
• Ley de Registro de Antecedentes Penales de Venezuela de 2022.
• Artículo 22.4 del Código Civil español, sobre buena conducta cívica.
• Normativa reguladora del procedimiento de nacionalidad española por residencia.
• STS 972/2020, de 9 de julio, ECLI ES:TS:2020:2241.
• Jurisprudencia anterior y posterior relativa a la imposibilidad de obtener documentación del país de origen y a la valoración conjunta de la buena conducta cívica.

Nota: distingo expresamente entre lo que constituye una norma, la interpretación jurisprudencial, la práctica administrativa observada y mi criterio profesional. La existencia de una práctica presencial o de una tesis jurídicamente defendible no significa que exista un procedimiento oficial publicado que garantice un resultado idéntico en todos los casos.