El País Vasco gestionará directamente las autorizaciones iniciales de residencia y trabajo: un modelo similar al de Cataluña

El País Vasco gestionará directamente las autorizaciones iniciales de residencia y trabajo: un modelo similar al de Cataluña

El Real Decreto 511/2025, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 24 de junio de 2025, formaliza el traspaso de competencias a la Comunidad Autónoma del País Vasco para gestionar directamente las autorizaciones iniciales de residencia y trabajo de personas extranjeras cuya actividad laboral se desarrolle en dicho territorioBOE-A-2025-12839.

Este traspaso no solo es relevante por lo que implica a nivel administrativo, sino porque marca un paso importante hacia la descentralización de parte de la gestión migratoria laboral en España, replicando un modelo que ya está en funcionamiento en Cataluña.

¿Qué significa que el País Vasco asuma esta competencia?

A partir del 1 de julio de 2025, será la administración vasca —y no la estatal— la que tramite, resuelva y notifique las autorizaciones iniciales de residencia y trabajo por cuenta propia o ajena. Esto incluye:

  • Tramitación de autorizaciones iniciales de trabajo (por cuenta ajena o propia).

  • Autorizaciones de trabajo de temporada.

  • Gestión colectiva de contrataciones en origen.

  • Informes de arraigo sociolaboral y socioformativo en su ámbito territorialBOE-A-2025-12839.

La resolución seguirá siendo conjunta con la Administración General del Estado en los casos que así lo requiera la legislación vigente (por ejemplo, cuando haya que emitir una resolución de residencia y trabajo conjunta), pero la parte laboral será gestionada íntegramente en Euskadi.

¿Es esto una novedad?

En el contexto del País Vasco, sí. Pero no es el primer caso en España.

La Generalitat de Cataluña ya ejerce estas competencias desde hace años, siendo responsable de la tramitación completa de las autorizaciones iniciales de residencia y trabajo en su territorio. Es decir, la Generalitat gestiona desde el inicio hasta la resolución los expedientes, sin intervención directa del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en esa fase.

Por tanto, lo que hace este Real Decreto es extender al País Vasco el mismo tipo de traspaso que ya tiene Cataluña. Se trata de un modelo completo de gestión laboral de extranjería para las autorizaciones iniciales, pero que sigue dependiendo del marco normativo estatal.

¿Qué implicaciones prácticas puede tener?

Uno de los principales problemas en la gestión de estas autorizaciones en el resto de comunidades autónomas es la lentitud en los plazos de resolución. Muchos expedientes de residencia y trabajo inicial tardan meses en resolverse, lo que afecta gravemente tanto a trabajadores como a empleadores.

Si la Comunidad Autónoma del País Vasco logra organizar un sistema más ágil, esto puede traducirse en:

  • Menores tiempos de espera para conseguir la autorización.

  • Mayor coordinación con servicios autonómicos de empleo y formación.

  • Un trato más próximo y contextualizado al mercado laboral vasco.

¿Supone esto un cambio legal en materia de extranjería?

No. La normativa aplicable sigue siendo estatal. El País Vasco no podrá legislar sobre extranjería, ni sobre requisitos de entrada o nacionalidad. Lo que asume es la ejecución material del procedimiento administrativo dentro del marco normativo ya existente, igual que hace la Generalitat.

La Administración General del Estado se reserva, entre otras cosas:

  • La legislación en materia de extranjería.

  • Las autorizaciones no incluidas en este traspaso (por ejemplo, renovaciones, arraigos no laborales, visados, etc.).

  • La relación con terceros países en gestión colectiva y la interoperabilidad técnica de los sistemasBOE-A-2025-12839.

¿Puede extenderse este modelo a otras comunidades?

La experiencia de Cataluña, y ahora del País Vasco, puede convertirse en un modelo a seguir por otras comunidades autónomas interesadas en asumir la tramitación de sus expedientes laborales de extranjería. No es un cambio automático ni inmediato, pero podría abrir la puerta a futuros traspasos, especialmente en comunidades con mercados laborales diferenciados o con experiencia en gestión autonómica de políticas de empleo.

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