“(In)Justicia urbana y personas migrantes: cuando la ciudad también excluye”
Lo que aprendí en un seminario que me marcó
Recientemente asistí a un seminario titulado “(In)Justicia urbana e inmigrantes con estatus legales precarios. Entre las prácticas santuarias y las fronteras internas en la ciudad”, impartido por la investigadora Ana López-Sala, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Puedo decir sin exagerar que fue una experiencia reveladora.
No conocía el concepto de ciudad santuario, ni imaginaba la profundidad de las prácticas ilegales que pueden esconderse bajo la apariencia de inclusión. Fue una clase que me encantó. Me ayudó a poner nombre a muchas situaciones que he visto o vivido. Como bien dijo la profesora López-Sala: “no sabemos nada”, y en este caso me dio claridad, fuerza y compromiso.
¿Qué es una ciudad santuario?
Una ciudad santuario es aquella que, desde su administración local y su tejido social, se compromete a proteger a las personas migrantes, especialmente a aquellas en situación administrativa irregular. Esto no siempre implica desobedecer leyes, sino más bien crear espacios seguros, no discriminatorios y accesibles, donde las personas puedan vivir con dignidad, sin miedo constante a ser detenidas o deportadas.
Ciudades como Sheffield (Reino Unido), Barcelona, Berlín o incluso algunas localidades pequeñas han implementado políticas de acogida, servicios públicos sin distinción por estatus migratorio, y colaboración con redes vecinales solidarias.
Pero… ¿y las fronteras internas?
Aquí viene lo más impactante: incluso dentro de ciudades que se consideran “inclusivas”, operan mecanismos de exclusión silenciosos. No hay muros, pero sí fronteras invisibles.
Estas fronteras internas son:
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Trámites imposibles para empadronarse.
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Centros de salud que piden requisitos ilegales.
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Redadas raciales selectivas en estaciones de tren o parques.
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Uso de datos municipales para colaborar con expulsiones.
Todo eso configura una ciudad que no es para todos. Una ciudad que permite vivir, pero no habitar plenamente. Que otorga el derecho a estar, pero no el derecho a ser parte.
El control inclusivo: ¿bienvenidos o vigilados?
Una de las ideas más potentes del seminario fue entender cómo la propia política de “acogida” puede volverse instrumento de control. Por ejemplo, cuando un servicio público registra datos que luego son utilizados para localizar a personas en situación irregular. O cuando la solicitud de ayuda social termina en una citación de extranjería.
Se trata de una ciudad que parece cuidar, pero vigila. Que integra en apariencia, pero segrega en la práctica.
Mi reflexión como abogada y migrante
Como abogada de extranjería, pero también como mujer migrante, esto me ha tocado profundamente. Porque conozco las historias de quienes han sido devueltos por no poder empadronarse. De quienes viven en la sombra aunque llevan años en España. De quienes cuidan a nuestros mayores, limpian nuestras casas, construyen nuestras calles, pero no pueden pisar una comisaría sin miedo.
Este seminario me hizo reafirmar una convicción: la justicia urbana no puede construirse sin justicia migratoria. Y el derecho a la ciudad debe incluir a quienes la caminan, la trabajan, la habitan… aunque no tengan un NIE.
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