La Crisis de Venezolana
Venezuela ha atravesado una crisis democrática, política y económica durante los últimos años, lo que ha obligado a millones de personas a huir del país. Según datos recientes, más de 7 millones de venezolanos han abandonado su país en busca de una vida mejor, distribuyéndose principalmente en América Latina y Europa. Muchos de estos desplazados han solicitado asilo en España, que ha experimentado un notable incremento en el número de solicitudes de protección internacional.
Sin embargo, el sistema de asilo en España se encuentra desbordado, y las autoridades han señalado que gran parte de las solicitudes de asilo de venezolanos son denegadas por no cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 12/2009, que regula el derecho de asilo y la protección subsidiaria. A pesar de la difícil situación de Venezuela, el gobierno español no considera que la crisis cumpla con los criterios necesarios para otorgar de manera automática el estatus de refugiado o protección subsidiaria.
Nuestra Propuesta: Activación de la Directiva de Afluencia Masiva de Personas Desplazadas
Respuesta del Defensor del Pueblo
El Defensor del Pueblo, institución que vela por los derechos de los ciudadanos, también ha abordado este tema. En respuesta a nuestras propuestas, el Defensor formuló una recomendación al Consejo de Ministros, sugiriendo que se considerara la posibilidad de otorgar protección temporal a los venezolanos bajo el Real Decreto 1325/2003. Sin embargo, esta recomendación fue rechazada por las autoridades.
El Ministerio del Interior argumentó que la definición de “desplazado” bajo el mencionado reglamento está vinculada estrechamente con la de “refugiado”, lo que imposibilita su aplicación para la mayoría de los venezolanos, ya que no cumplen con los criterios necesarios para ser reconocidos como refugiados. Además, se señaló que no existe una resolución de la ONU o del ACNUR que clasifique la situación en Venezuela como una “emergencia de desplazamiento masivo”, lo cual sería necesario para activar este tipo de protección.
Esta respuesta nos pareció insuficiente y burocrática, especialmente cuando observamos la rapidez y eficiencia con la que se ha gestionado la situación de los refugiados ucranianos, quienes fueron capaces de obtener protección temporal en cuestión de días. Creemos que la crisis en Venezuela merece una respuesta más acorde a su gravedad.
Desde nuestro despacho, en el año 2019 presentamos una propuesta a través del Defensor del Pueblo, dirigida al Ministerio del Interior y de Migraciones, para activar la Directiva de Afluencia Masiva de Personas Desplazadas en relación con los ciudadanos venezolanos que se encuentran en España. Esta directiva, que forma parte del Real Decreto 1325/2003, se creó como una herramienta legal para hacer frente a situaciones excepcionales de llegada masiva de personas, permitiendo a los Estados miembros de la Unión Europea ofrecer protección temporal y agilizar los procedimientos de asilo.
El Ministerio del Interior argumentó que la definición de “desplazado” en el reglamento está ligada a la de “refugiado”, lo que impide aplicarlo a la mayoría de los venezolanos, ya que no cumplen los criterios necesarios para ser reconocidos como tales. Además, se indicó que no existe una resolución de la ONU o del ACNUR que declare la situación en Venezuela como una “emergencia de desplazamiento masivo”, lo cual es necesario para activar esta protección. Consideramos esta respuesta insuficiente y burocrática, especialmente comparándola con la rápida gestión de la protección temporal para los refugiados ucranianos.
La Respuesta del Gobierno: Rechazo a la Activación de la Directiva
La respuesta del Ministerio del Interior a nuestra propuesta fue decepcionante. Las autoridades argumentaron que la activación de la Directiva de Afluencia Masiva de Personas Desplazadas no resolvería los problemas del sistema de asilo, y que su aplicación no era adecuada para el caso de Venezuela. A pesar de que la directiva se ha activado recientemente para los desplazados ucranianos, el gobierno español ha mantenido que no existen los mismos criterios para activarla en el caso de los venezolanos.
Los argumentos del gobierno incluyen la siguiente reflexión: aunque Venezuela enfrenta una grave crisis económica y social, no se considera que haya una situación de conflicto armado o violaciones sistemáticas de derechos humanos en la magnitud que justifique la activación de la directiva. Además, se señala que el número de solicitantes venezolanos ha crecido exponencialmente, y la mayoría de sus solicitudes son denegadas por no cumplir con los requisitos de la Convención de Ginebra de 1951, que define el estatus de refugiado.
El gobierno también ha subrayado que los venezolanos que alegan razones de inseguridad general en su país no cumplen con los requisitos legales para recibir el estatus de refugiado, ya que este requiere la demostración de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado, opiniones políticas, género u orientación sexual.
Reflexión: ¿Somos Migrantes de Tercera?
Es imposible ignorar la comparación entre la situación de los desplazados venezolanos y otros colectivos que han sido recibidos en la Unión Europea. Mientras que los refugiados ucranianos han recibido una rápida respuesta con la activación de la Directiva de Afluencia Masiva, los venezolanos han enfrentado años de incertidumbre y denegaciones masivas de sus solicitudes de asilo.
Cabe preguntarse si existe una disparidad de trato entre los migrantes de diferentes nacionalidades. La crisis de Siria o los conflictos en la Primavera Árabe tampoco motivaron la activación de esta directiva, a pesar de ser situaciones de conflicto armado y crisis humanitaria de gran magnitud. Sin embargo, la crisis en Venezuela, a pesar de su gravedad, sigue sin recibir una respuesta acorde por parte de las autoridades españolas.
Un Llamado a la Solidaridad y la Protección
Desde Máchelin Díaz Abogados, hacemos un llamado a las autoridades españolas y europeas para que reconsideren su postura y otorguen la protección necesaria a los venezolanos que huyen de una situación desesperada. El sistema de asilo en España debe adaptarse a las circunstancias actuales, ya que es previsible que en los próximos meses y años continúe llegando un gran número de venezolanos en busca de protección.
La activación de la Directiva de Afluencia Masiva de Personas Desplazadas no solo permitiría aliviar el sistema de asilo, sino que también demostraría un compromiso con los derechos humanos y la solidaridad internacional. No podemos permitir que miles de venezolanos queden desprotegidos, enfrentando denegaciones y deportaciones en los aeropuertos, cuando lo que necesitan es apoyo y un marco legal adecuado que les permita rehacer sus vidas en España.
Para quienes se encuentran en esta situación, o si tienes dudas sobre solicitudes de asilo o protección internacional, nuestro equipo de abogados está disponible para ofrecer orientación y asesoramiento. No dudes en contactarnos para obtener más información sobre cómo podemos ayudarte.
La Directiva de Afluencia Masiva de Personas Desplazadas
La crisis venezolana exige una respuesta solidaria y eficiente. Desde Máchelin Díaz Abogados, continuaremos luchando por los derechos de los migrantes y refugiados, y seguiremos proponiendo soluciones legales que permitan una mejor gestión del flujo migratorio en España. La Directiva de Afluencia Masiva de Personas Desplazadas sigue siendo una herramienta viable para proteger a los venezolanos, y hacemos un llamamiento a las autoridades para que reconsideren su postura ante la creciente emergencia humanitaria.
Fuentes: El artículo se ha elaborado con base en la propuesta enviada al Defensor del Pueblo, normativa española sobre asilo (Ley 12/2009), el Real Decreto 1325/2003 y comunicados del Ministerio del Interior sobre solicitudes de protección internacional en España.
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