Regularización extraordinaria en España: entre la esperanza y la responsabilidad de informar

Llevo semanas evitando escribir sobre este tema. No por falta de conocimiento, ni porque no sea importante. Todo lo contrario. Pero la experiencia me ha enseñado que cuando se empieza a hablar de una posible regularización masiva, las redes sociales se llenan de mensajes confusos, de estafas disfrazadas de oportunidades y de una falsa sensación de inmediatez que solo alimenta la ansiedad de quienes más han sufrido la espera.

No quería sumar ruido. Pero tampoco quiero quedarme callada cuando, por primera vez en muchos años, existe una posibilidad real —no garantizada, pero sí tangible— de que España avance en una regularización extraordinaria de personas migrantes.

Desde la seriedad que merece el tema, y con el compromiso profesional y ético que tengo con mi comunidad, aquí explico lo que sabemos hasta ahora.

Durante años, la palabra regularización ha generado esperanza, confusión y, no pocas veces, desinformación. Pero 2025 marca un punto de inflexión. Por primera vez desde 2005, España se encuentra en una coyuntura política, social y económica que abre una ventana real —aunque no exenta de condiciones— para que miles de personas migrantes en situación administrativa irregular accedan a una residencia legal.

El punto de partida: una ILP que forzó al sistema político a reaccionar

Todo comenzó con la presentación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que recogió más de 700.000 firmas. Esta propuesta, impulsada por más de 900 entidades sociales, pedía la regularización de cerca de 500.000 personas en situación irregular. La presión social y mediática fue tal que el Congreso se vio obligado a admitirla a trámite.

Desde entonces, y especialmente en los últimos meses, el debate se ha intensificado. A diferencia de ocasiones anteriores, no estamos solo ante una propuesta simbólica: hay voluntad institucional real y un proceso legislativo abierto. Y eso cambia radicalmente las reglas del juego.

¿Qué está negociando el Gobierno?

Según ha adelantado el propio Ministerio de Inclusión y Migraciones, el Ejecutivo negocia una regularización flexible y escalonada, con especial prioridad para:

• Familias con hijos escolarizados

• Personas con procesos de asilo activos

• Migrantes en situación de alta vulnerabilidad

El objetivo es publicar un Real Decreto antes de que termine el verano de 2025, aunque todo dependerá del consenso parlamentario. A día de hoy, el PSOE, Sumar y partidos nacionalistas vascos y catalanes están a favor, mientras que el PP mantiene una postura ambigua y Vox se opone frontalmente.

Requisitos principales que se barajan

Aunque el texto definitivo aún no está aprobado, se manejan varios criterios claros que permitirán saber, desde ya, quién podría entrar en esta regularización… y quién no:

El permiso que se concedería sería de residencia por circunstancias excepcionales con una duración de 1 año, prorrogable o convertible en permiso ordinario posteriormente.

¿Quién quedaría fuera?

A pesar del optimismo razonable, también hay que ser claros: no todas las personas en situación irregular podrán beneficiarse de esta medida. Quedarían excluidos:

• Quienes hayan llegado a España después de la fecha límite (probablemente marzo de 2025)

• Personas con condenas penales o órdenes de expulsión

• Quienes no puedan demostrar su presencia efectiva o situación de vulnerabilidad

• Algunos solicitantes de asilo que no renuncien formalmente a su expediente

• Migrantes que no logren acreditar vínculo familiar o social alguno

Este último punto es especialmente delicado: muchas personas que viven en la economía sumergida, sin acceso a empadronamiento o contratos, podrían tener dificultades para documentar su estancia, a pesar de llevar años en el país.

¿Es una regularización “masiva”?

No. Y es importante subrayarlo. Aunque mediáticamente se habla de “regularización masiva”, el diseño que se está negociando es selectivo, progresivo y basado en informes sociales y administrativos. No se trata de una amnistía general, sino de una medida concreta para reparar una deuda histórica con personas que ya forman parte activa de la sociedad española, aunque el sistema no lo haya querido reconocer.

Un momento histórico (y delicado)

Desde la práctica profesional, puedo decirlo con claridad: nunca habíamos estado tan cerca. Pero también es cierto que este proceso exige cautela. Hemos recibido consultas de personas que, ante el miedo, recurren a intermediarios o caen en fraudes. Por eso, es crucial acompañar este momento desde la información veraz, el asesoramiento responsable y el activismo legal.

Y ahora, ¿qué puedes hacer?

• Infórmate bien: Solo los canales oficiales y profesionales acreditados ofrecerán orientación válida cuando el decreto se apruebe.

• Reúne documentación: Si llevas tiempo en España, em

• pieza a recopilar empadronamientos, contratos, informes médicos, pruebas de escolarización, etc.

• No tomes decisiones apresuradas: Si estás solicitando asilo o en trámites, espera a que se publique el texto legal.

• Evita estafas: Nadie puede “asegurar” tu regularización hasta que el proceso esté aprobado.

Este es un momento político e histórico. No hay garantías absolutas, pero sí hay una oportunidad real que no veíamos desde hace dos décadas. Acompañar, informar y proteger a nuestra comunidad es ahora más importante que nunca.

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