¿Puede un extranjero ir a urgencias en España sin tarjeta sanitaria? Un caso que me preocupa

Hace poco atendí en consulta un caso que me dejó especialmente preocupada. No solamente por el problema médico de la persona, sino por algo que, como abogada de extranjería, veo cada vez con más claridad: confundimos situación migratoria, cobertura sanitaria y derecho a recibir atención médica como si fueran exactamente lo mismo.

Y no lo son.

Una mujer de 60 años acudió a Urgencias del Hospital Universitario La Paz, en Madrid, por un problema de salud importante. Había entrado recientemente en España y todavía se encontraba dentro de sus primeros 90 días de estancia.

Su hijo es ciudadano español.

Según la documentación clínica que pude examinar personalmente en el contexto de la consulta, una parte relevante de las preguntas y anotaciones giró en torno a por qué había venido a España, su situación en nuestro país y el hecho de que ya tuviera antecedentes médicos y documentación sanitaria de su país de origen.

Para mí hay una línea que no deberíamos cruzar. Una cosa es determinar posteriormente quién debe asumir el coste de una asistencia sanitaria. Otra muy distinta es convertir la situación administrativa del paciente en el centro de la atención médica.

Consultar mi caso WhatsApp +34 644 154 020

Lo primero: ir a Urgencias y tener cobertura sanitaria no son exactamente lo mismo

Este punto es fundamental.

La Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, define la atención de urgencia por una cuestión esencialmente clínica: existe cuando la situación del paciente obliga a una atención sanitaria inmediata.

Por tanto, el análisis médico de una urgencia no debería comenzar preguntándonos si el paciente lleva 20, 70, 90 o 300 días en España. Debe empezar valorando qué le ocurre, la gravedad del cuadro y qué actuación médica resulta necesaria.

Después aparecerá una segunda cuestión distinta: quién financia esa asistencia.

Puede existir una aseguradora, una cobertura internacional, un convenio bilateral, una tarjeta sanitaria europea, un tercero obligado al pago o un derecho reconocido con cargo a fondos públicos. Y también puede darse un supuesto en el que la Administración reclame posteriormente el coste de la asistencia.

Pero que una asistencia pueda resultar facturable no significa que la necesidad clínica desaparezca.

¿Qué ocurre durante los primeros 90 días en España?

Aquí está precisamente una de las particularidades del caso que analicé.

La señora todavía se encontraba dentro del período de estancia temporal. Por tanto, no es correcto analizar su situación exactamente igual que la de una persona que lleva meses o años viviendo en España en situación administrativa irregular.

El artículo 3 ter de la Ley 16/2003 reconoce asistencia sanitaria a las personas extranjeras que se encuentran en España y no tienen residencia legal, siempre que se cumplan determinados requisitos relacionados con otras coberturas, exportación del derecho sanitario y existencia de terceros obligados al pago.

Además, la propia norma contempla específicamente el supuesto de personas extranjeras que todavía se encuentran en situación de estancia temporal. En esos casos, para el reconocimiento de la asistencia con cargo a fondos públicos por esta vía, se exige un informe previo favorable de los servicios sociales competentes.

El Real Decreto 180/2026, de 11 de marzo, desarrolla precisamente el procedimiento de reconocimiento del derecho sanitario para personas extranjeras sin residencia legal.

Por tanto, decir sencillamente a una persona dentro de los 90 días que “usted no tiene derecho a ir al médico” me parece una forma demasiado simplista y peligrosa de explicar un sistema mucho más complejo.

Consultar Real Decreto 180/2026 en el BOE

Madrid mantiene además sus propios procedimientos de acreditación sanitaria

La Comunidad de Madrid dispone del Documento de Asistencia Sanitaria para Ciudadanos Extranjeros sin residencia legal en España, conocido como DASE.

La información publicada actualmente por la Comunidad de Madrid continúa indicando, entre otros requisitos, haber superado la situación de estancia y acreditar un período de empadronamiento.

Sin embargo, desde marzo de 2026 existe también el nuevo Real Decreto estatal, que pretende precisamente reducir barreras administrativas y homogeneizar el reconocimiento del derecho sanitario.

Además, el Real Decreto establece algo que considero especialmente importante: los propios servicios sanitarios y sociales deben informar y asistir a la persona para que pueda iniciar el procedimiento de acreditación, y debe garantizarse que pueda hacerlo desde la primera atención sanitaria.

Incluso se prevé la iniciación de oficio cuando, por la propia naturaleza de la atención sanitaria, la persona esté impedida para realizar el trámite.

¿Puede el hospital enviar después una factura?

Sí, puede haber situaciones en las que una asistencia sanitaria termine siendo facturada.

Eso dependerá de si existe derecho a cobertura pública, seguro médico, convenio internacional, cobertura exportable desde el país de origen o un tercero obligado al pago.

Por tanto, tampoco sería responsable decir que cualquier extranjero que llegue a España tiene automáticamente derecho a toda la asistencia sanitaria gratuita desde el primer día.

No funciona así.

Pero de nuevo quiero insistir en lo mismo: facturar una asistencia no es lo mismo que negar o condicionar indebidamente la valoración clínica de una urgencia.

Y ese es precisamente el punto que me preocupa de determinados casos.

Lo que vi en este caso me hizo hacerme muchas preguntas

Muchas personas viajan teniendo enfermedades. Muchas personas visitan a sus hijos y familiares mientras están recibiendo tratamientos. Otras deciden cambiar su residencia precisamente porque comienzan a necesitar ayuda familiar.

Cada situación debe analizarse individualmente.

Lo que no me parece aceptable es que la existencia de una enfermedad previa transforme al paciente en sospechoso y que la conversación sanitaria termine girando más alrededor de inmigración que de medicina.

La dignidad del paciente no depende de tener NIE

La Ley 41/2002, reguladora de la autonomía del paciente, coloca la dignidad, la autonomía y la intimidad de la persona entre los principios esenciales de toda actuación sanitaria.

Además, la propia Comunidad de Madrid reconoce entre los derechos de los pacientes recibir atención sanitaria en condiciones de igualdad, con respeto a su personalidad, dignidad e intimidad y sin discriminación por circunstancias personales o sociales.

A esto se suma la Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.

Esta norma es especialmente clara: protege a las personas con independencia de su nacionalidad y también con independencia de que tengan o no residencia legal en España.

Por tanto, el hecho de ser extranjera, turista, residente o encontrarse en situación irregular no convierte a nadie en un paciente de segunda categoría.

Consultar Ley 15/2022

Además, en este caso existe un hijo español

Este dato tampoco significa automáticamente que la madre tenga residencia legal o tarjeta sanitaria.

Pero jurídicamente sí merece ser estudiado.

El actual Reglamento de Extranjería regula una autorización específica para familiares de personas de nacionalidad española.

Entre los familiares incluidos se encuentran determinados ascendientes directos de primer grado, es decir, padres y madres, cuando se acrediten los requisitos previstos por la normativa.

En particular, pueden ser relevantes situaciones en las que el ascendiente viva a cargo del ciudadano español, carezca de apoyo familiar suficiente en origen o concurran razones humanitarias.

Además, cuando existen enfermedades graves, limitaciones funcionales o una verdadera dependencia física, esas circunstancias pueden resultar importantes para estudiar si existe una situación de dependencia.

Pero hay que analizarlo correctamente. Tener 60 años no concede por sí solo una residencia como ascendiente de español. Tampoco tener una enfermedad la concede automáticamente.

Hay que revisar vínculo familiar, dependencia, situación en origen, convivencia, circunstancias económicas, documentación médica y el resto de requisitos.

Quiero estudiar la residencia de un familiar de español Consultar por WhatsApp

Una enfermedad previa no convierte a una persona en alguien que viene a “aprovecharse” de la sanidad

Quiero detenerme en esto porque me parece especialmente importante.

Existe una tendencia peligrosa a interpretar cualquier problema médico de una persona extranjera recién llegada como si el primer interrogante fuera descubrir si vino a España para tratarse.

Y esa sospecha puede producir un efecto perverso.

La persona deja de ser primero paciente y pasa a ser primero extranjera.

Eso no significa que las Administraciones no puedan controlar el uso de fondos públicos. Claro que pueden hacerlo.

También pueden comprobar seguros, convenios internacionales, terceros obligados al pago o si se cumplen los requisitos para reconocer una cobertura sanitaria.

Pero esos controles administrativos tienen su espacio.

El triaje, la exploración clínica, las pruebas médicamente indicadas y la decisión terapéutica tienen otro.

Cuando los mezclamos, podemos terminar creando una barrera de acceso precisamente para personas enfermas que necesitan atención.

¿Qué haría yo si me encuentro en una situación parecida?

Primero, conservaría absolutamente toda la documentación: informe de Urgencias, informe de alta, analíticas, pruebas realizadas, citas, justificantes y cualquier documento relacionado con una posible facturación.

Segundo, pediría copia completa de la historia clínica. El paciente tiene derecho de acceso a su documentación clínica.

Tercero, si considero que existió un trato inadecuado, una falta de atención o que la situación administrativa condicionó indebidamente la asistencia, presentaría una reclamación ante el Servicio de Información y Atención al Paciente del hospital.

El propio Hospital Universitario La Paz dispone de un procedimiento específico de reclamaciones, sugerencias y agradecimientos.

Cuarto, separaría la reclamación sanitaria del problema de cobertura económica. Si posteriormente llega una factura, habrá que comprobar por qué se factura, qué título se invoca y si existía alguna vía de cobertura sanitaria aplicable al caso.

Y quinto, si existe un vínculo con un ciudadano español, estudiaría inmediatamente la situación de extranjería. En algunos casos puede existir una vía de residencia como familiar de persona española.

Reclamaciones del Hospital Universitario La Paz

Mi posición es clara: Urgencias no puede convertirse en una oficina de extranjería

No estoy diciendo que un extranjero tenga derecho automáticamente a que el Estado español pague cualquier tratamiento médico que solicite.

Tampoco estoy diciendo que un hospital no pueda comprobar posteriormente quién debe hacerse cargo económicamente de una asistencia.

Lo que estoy diciendo es otra cosa.

Una persona que llega enferma a Urgencias debe ser tratada primero como paciente.

Si después existe una cuestión administrativa, de seguro, de residencia, de cobertura internacional o de facturación, habrá que resolverla conforme a la normativa.

Pero personalmente me preocupa profundamente que alguien con un problema grave de salud salga de un hospital pensando que no debía haber acudido porque es extranjera.

Ese mensaje puede tener consecuencias muy serias.

Puede provocar que una persona con síntomas graves espere, tenga miedo de volver a Urgencias y busque ayuda demasiado tarde.

Y eso ya no es solamente un debate sobre extranjería.

Es una cuestión de dignidad, de salud y de cómo queremos tratar a las personas cuando se encuentran en uno de los momentos más vulnerables de su vida.

Preguntas frecuentes sobre extranjeros y asistencia sanitaria