Nacionalidad española: los datos que siguen faltando y por qué eso impide entender bien los retrasos y las denegaciones

Qué información sí tenemos hoy en las estadísticas oficiales

El documento oficial sí ofrece una base general útil. Por ejemplo, recoge 1.130.040 solicitudes de nacionalidad por residencia entre 2021 y 2026, 1.143.527 resoluciones totales, 1.030.641 concesiones, 75.431 denegaciones, 37.455 archivos y 281.099 expedientes pendientes de resolución a 31 de marzo de 2026. También muestra que la mayor bolsa pendiente se concentra en 2025 y 2026.

Además, el propio Ministerio advierte que los datos pueden sufrir variaciones porque siguen incorporándose expedientes pendientes de digitalización y grabación. Esa advertencia ya nos dice algo importante: la foto existe, pero todavía no está completa del todo.

Ahora bien, una cosa es tener una foto general y otra muy distinta tener información suficiente para comprender bien el funcionamiento real del procedimiento. Y ahí es donde, a mi juicio, seguimos muy cortos.

Lo que sigue faltando para entender de verdad la nacionalidad española

Por qué el tiempo real de resolución sigue siendo una de las grandes lagunas

Una de las cosas que más echan en falta las personas que han presentado nacionalidad es una respuesta muy básica: cuánto tarda de verdad un expediente como el mío. Y hoy las estadísticas no contestan bien a esa pregunta.

Sabemos que hay 189.208 expedientes pendientes de 2025, 68.437 de 2026, 12.665 de 2024 y 5.858 de 2023. Eso permite ver dónde está la bolsa pendiente, sí. Pero no permite calcular con claridad cuánto tarda una solicitud media, cuánto una mediana ni qué dispersión existe entre expedientes similares.

Para mí, esa información es fundamental. No para vender fechas cerradas, que sería irresponsable, sino para entender cómo se comporta cada cohorte y cómo se está moviendo realmente la carga administrativa.

Los motivos de denegación siguen sin explicarse como deberían

Otro punto débil es este: conocemos el número total de denegaciones, pero no el mapa detallado de sus causas. Y eso, desde el punto de vista jurídico, es una carencia seria.

No es lo mismo una denegación por antecedentes, que una denegación por falta de residencia continuada, que una denegación por problemas documentales o por cuestiones vinculadas a la integración. Sin ese desglose, el dato global pierde mucha utilidad para quien intenta entender riesgos reales antes de presentar o antes de recurrir.

Además, una estadística más fina permitiría detectar patrones. Por ejemplo, si están creciendo determinadas causas de denegación, si hay errores frecuentes que se repiten o si determinadas incidencias documentales están provocando más problemas de los esperados. Hoy esa lectura no la podemos hacer bien con los datos publicados.

Con los archivos pasa exactamente lo mismo

Con los archivos ocurre una situación parecida. El documento recoge 37.455 expedientes con resolución formal de archivo y, además, menciona 2.861 expedientes archivados informáticamente por corresponder a otros procedimientos, por haberse obtenido la nacionalidad por otra vía o mediante otra solicitud previa, entre otras incidencias.

Pero a mí me sigue faltando lo más importante: un desglose claro y comprensible de por qué se está archivando. Porque no produce la misma lectura un archivo por duplicidad que un archivo por falta de subsanación o por abandono práctico del expediente.

Y aquí hay una consecuencia muy concreta: si no conocemos bien las causas de archivo, también es más difícil prevenir errores antes de presentar y más difícil explicar a la ciudadanía qué fallos son realmente evitables.

Los requerimientos y las subsanaciones siguen siendo una zona opaca

Este es otro de los grandes vacíos. No se publica, al menos de forma clara y útil para la ciudadanía, cuántos expedientes reciben requerimiento, qué tipo de requerimiento se formula con más frecuencia ni cuántos expedientes se complican por una subsanación mal hecha o no atendida.

Y sin embargo, en la práctica, esta parte es decisiva. Muchísimos expedientes no se rompen por una gran cuestión jurídica de fondo, sino por incidencias de tramitación, errores documentales, plazos mal gestionados o respuestas insuficientes a lo que pide la Administración.

Por eso, si de verdad se quisiera mejorar la transparencia útil, este sería uno de los bloques que yo publicaría con prioridad.

Los datos de recursos existen, pero siguen siendo insuficientes

El documento sí da una pista interesante: entre 2021 y 2026 hubo 6.330 concesiones por estimación de recurso de reposición, 377 por estimación de sentencia y 109 por revocación de denegación previa. Eso demuestra que la vía de reacción existe y que, en determinados casos, funciona.

Pero falta mucho contexto. No sabemos cuántos recursos se interponen realmente, qué porcentaje de los denegados recurre, cuánto tarda cada vía y qué causas son las que más suelen terminar corrigiéndose después.

En otras palabras: el dato bruto de estimaciones está bien, pero sigue siendo insuficiente para valorar bien la litigiosidad real del procedimiento de nacionalidad.

También falta una explicación más precisa sobre la digitalización pendiente

El Ministerio advierte expresamente que los datos pueden variar porque siguen incorporándose expedientes pendientes de digitalización y grabación. Esa frase, que parece técnica, en realidad es muy importante.

Porque si todavía existe una bolsa de expedientes que no está plenamente absorbida en los sistemas, entonces también sería útil saber cuánto pesa esa bolsa, a qué años afecta más y qué impacto real tiene sobre los tiempos o sobre la calidad de la tramitación.

Yo aquí echo de menos más transparencia operativa. No para generar alarma, sino para entender mejor de dónde nace una parte del retraso administrativo que siguen sufriendo muchas personas.

Qué permitiría entender mejor el sistema si se publicara

Si de verdad se quisiera ofrecer una información útil y no solo una fotografía general, yo publicaría un cuadro mucho más completo: tiempos por cohorte, causas de denegación, causas de archivo, datos de requerimientos, detalle de recursos, peso de la digitalización pendiente y, además, evolución comparada entre expedientes presentados por distintas vías o con distintas incidencias.

Eso sí permitiría hacer una lectura jurídica y administrativa mucho más seria. Y también ayudaría a detectar dónde hace falta reforzar medios, mejorar criterios o corregir prácticas.

Porque la transparencia útil no consiste solo en dar cifras. Consiste en dar cifras que permitan comprender el problema.

Mi conclusión: la nacionalidad española sigue necesitando más transparencia útil

Mi conclusión es clara. Las estadísticas oficiales sirven, sí. Pero todavía no permiten entender del todo por qué se retrasa un expediente, por qué se deniega otro o por qué algunos terminan archivados. La información publicada es una base, no una radiografía completa.

Y eso importa mucho, porque detrás de cada expediente hay una persona esperando una respuesta que afecta a su vida, a su estabilidad jurídica y a sus decisiones familiares y profesionales.

Por eso, cuando analizo estos datos, no me quedo con el titular fácil. Me quedo con una exigencia razonable: si la Administración quiere que la ciudadanía comprenda mejor el estado real de la nacionalidad española, tiene que publicar información más desglosada, más práctica y más útil.

Mientras tanto, lo que yo recomiendo es no interpretar las cifras en automático. Cada expediente tiene su historia, sus riesgos y su estrategia. Y ahí es donde una revisión jurídica individual sigue marcando la diferencia.