Qué recomendó el Defensor del Pueblo en 2025: las resoluciones más relevantes, los temas clave y qué fue aceptado o rechazado
Cuando se habla del Informe anual 2025 del Defensor del Pueblo, mucha gente se queda en el titular: cuántas quejas hubo, cuántos expedientes se abrieron o cuántas resoluciones se formularon. Pero a mí eso, siendo importante, no me parece lo más útil. Lo verdaderamente relevante es otra cosa: qué recomendó exactamente el Defensor del Pueblo, sobre qué temas concretos, y qué administraciones aceptaron esas resoluciones o las rechazaron.
Ahí es donde se ve de verdad qué problemas considera más graves esta institución y hasta qué punto la Administración está dispuesta a corregirlos. Y lo que revela el informe es muy claro: hubo recomendaciones importantes en materias muy sensibles, pero no siempre hubo una respuesta rápida, clara o suficiente por parte de los organismos implicados.
Primero, qué tipos de resoluciones formula el Defensor del Pueblo
El propio informe explica que las recomendaciones tienen carácter general y buscan promover cambios en prácticas administrativas o incluso en normas. Las sugerencias se refieren a casos concretos. Y los recordatorios de deberes legales sirven para cerrar actuaciones recordando a la Administración obligaciones que ya debía cumplir. En 2025 el Defensor del Pueblo formuló 2.059 resoluciones: 721 recomendaciones, 788 sugerencias y 550 recordatorios de deberes legales.
Por tanto, aquí no estamos ante observaciones vagas. Estamos ante actuaciones institucionales formales, dirigidas a corregir disfunciones reales de la Administración.
La recomendación más relevante del año: violencia vicaria de género
El propio informe anual dice sin rodeos que, entre las recomendaciones más importantes aceptadas en 2025, destacan las formuladas en el estudio “Violencia vicaria de género. Las otras víctimas”, por su repercusión, por el número de administraciones implicadas y por la situación de especial vulnerabilidad de las víctimas.
¿Sobre qué temas concretos iban esas recomendaciones? El informe menciona expresamente dos focos: la fragmentación del conflicto familiar entre distintos juzgados y la necesidad de formación específica de los profesionales que intervienen con menores. Además, señala que buena parte de estas propuestas acabaron recogiéndose en el Anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria, aprobado por el Consejo de Ministros el 1 de octubre de 2025.
Esto es muy importante, porque aquí no hablamos solo de una resolución aceptada, sino de una línea de trabajo del Defensor del Pueblo que terminó influyendo en un texto normativo. Es decir, una recomendación que no se quedó en papel.
Personas mayores: recomendaciones muy concretas tras el fallecimiento de un familiar
Otro bloque muy relevante del informe tiene que ver con las personas mayores y la carga administrativa que soportan tras el fallecimiento de un familiar. Aquí el Defensor del Pueblo formuló varias recomendaciones a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales.
Las recomendaciones fueron muy concretas: divulgar información sobre las medidas que se pueden adoptar en vida para facilitar las gestiones a los familiares; explicar mejor qué actuaciones deben realizarse tras el fallecimiento de un familiar; elaborar un estudio sobre las gestiones que deben hacerse ante administraciones y empresas privadas; y, a partir de ese análisis, impulsar mejoras para que estas cargas no resulten excesivas para las personas mayores.
Este ejemplo me parece especialmente valioso porque demuestra que no todas las recomendaciones del Defensor del Pueblo son abstractas. Algunas aterrizan de forma muy clara en problemas cotidianos y muy reales, que afectan directamente a ciudadanos vulnerables.
Función pública: movilidad por enfermedad, una recomendación aceptada
En materia de función pública, el informe destaca una recomendación que acabó siendo acogida por la Administración. Se trataba de revisar el régimen de movilidad de empleados públicos por razón de enfermedad, para evitar que las solicitudes se archivaran sin resolver el fondo del asunto. El Defensor del Pueblo había venido insistiendo en esta cuestión desde 2020 y finalmente la Secretaría de Estado de Función Pública modificó la resolución correspondiente el 18 de junio de 2025.
Aquí sí se puede hablar claramente de una recomendación aceptada con resultado útil. Además, el informe la presenta como un ejemplo de cómo, a veces, una recomendación tarda años en ser asumida. Esto también nos enseña algo importante: que el reconocimiento de un problema no siempre llega rápido, incluso cuando el Defensor del Pueblo insiste durante años.
Bolsas de trabajo: una recomendación rechazada y otras aceptadas
También en función pública aparecen ejemplos muy claros de resoluciones aceptadas y no aceptadas.
Por un lado, el Defensor del Pueblo formuló una recomendación a la Diputación de Toledo para que respetara estrictamente el orden de llamamiento en las bolsas de trabajo temporal. Esa recomendación no fue aceptada.
Por otro lado, dirigió una recomendación a la Secretaría de Estado de Justicia para iniciar los trámites de renovación de las bolsas del Cuerpo de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Esa recomendación sí fue aceptada.
Y además formuló otra recomendación a la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana para que, en los llamamientos a personal funcionario interino, se respetara el derecho a la baja por maternidad sin perjudicar a la aspirante. Esta también fue aceptada.
Este bloque es muy útil porque permite ver algo que muchas veces se esconde bajo las cifras globales: unas administraciones aceptan y corrigen; otras se resisten.
Trata de seres humanos y explotación laboral: una materia donde el Defensor del Pueblo sigue insistiendo
El informe también identifica como materia importante la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Aquí recuerda una recomendación muy relevante: agilizar los plazos del Plan contra la trata con fines de explotación laboral y de la instrucción conjunta en materia de vigilancia laboral, inmigración y seguridad social. Esa recomendación fue aceptada, pero el informe añade algo muy significativo: el plan sigue sin ver la luz.
Esto me parece esencial para entender cómo funciona realmente la Administración. Una recomendación puede ser aceptada y, sin embargo, no traducirse todavía en una solución real o inmediata. Por eso siempre digo que no basta con fijarse en la aceptación formal. Hay que mirar también la ejecución efectiva.
Además, el informe insiste en los problemas de fondo en esta materia: falta de procedimientos solventes para identificar a víctimas, excesivo enfoque policial frente al laboral, necesidad de mecanismos de derivación y falta de recursos adecuados de acogida.
Servicios de atención a la clientela: cuando una línea de trabajo acaba influyendo en una ley
Otro ejemplo interesante es el de los servicios de atención a la clientela. El informe explica que la Ley 10/2025, de 26 de diciembre, reguladora de esos servicios, recoge en su exposición de motivos actuaciones previas del Defensor del Pueblo relacionadas con problemas detectados en el funcionamiento de varios servicios de atención al consumidor.
Este caso también es muy revelador. Aquí no vemos solo una recomendación aislada, sino una línea de supervisión institucional que acaba teniendo reflejo legislativo. Es una buena muestra de cómo el trabajo del Defensor del Pueblo puede llegar a influir en reformas normativas cuando la presión institucional se mantiene.
Familia numerosa: una recomendación que llegó incluso a la vía judicial
El informe menciona también el caso de una recomendación que incidía en la necesidad de reformular el criterio de cálculo de los ingresos anuales de la unidad familiar para la obtención del título de familia numerosa. Lo relevante aquí es que el propio informe destaca que esa recomendación acabó siendo citada en una resolución judicial.
Esto vuelve a demostrar que las recomendaciones del Defensor del Pueblo no son irrelevantes. A veces tienen impacto administrativo. Otras veces acaban teniendo valor también en sede judicial.
Discapacidad: un bloque entero de recomendaciones seguidas y valoradas
En materia de discapacidad, el informe señala que en el tema destacado sobre la valoración del grado de discapacidad se hace un recuento detallado de las respuestas de las distintas administraciones autonómicas a cada recomendación formulada: cuáles se aceptaron, cuáles no y cuál es la valoración posterior de la propia institución.
Además, ya en los anexos públicos aparecen materias concretas vinculadas a este bloque, como los tiempos de valoración, el acceso a datos clínicos, sociales y educativos y la necesidad de informar al solicitante sobre plazos y prestaciones. Es decir, se trata de un campo donde el Defensor del Pueblo ha formulado recomendaciones muy técnicas, pero de enorme impacto práctico para quien espera un reconocimiento de discapacidad.
Qué nos enseñan estas resoluciones realmente
1. Violencia vicaria de género
El propio informe dice que, de todas las recomendaciones aceptadas en 2025, las más importantes por su repercusión, por el número de administraciones implicadas y por la situación de las víctimas fueron las emitidas en el estudio “Violencia vicaria de género. Las otras víctimas”. Añade que muchas de esas propuestas se recogieron en el Anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria, aprobado el 1 de octubre de 2025. Los temas concretos que menciona son la fragmentación del conflicto familiar entre distintos juzgados y la formación de los profesionales que intervienen con menores.
2. Personas mayores y trámites tras el fallecimiento de un familiar
Aquí sí concreta muy bien las recomendaciones. El Defensor del Pueblo formuló varias recomendaciones a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales para:
- difundir información sobre qué medidas pueden adoptarse en vida para facilitar gestiones tras un fallecimiento,
- informar claramente de los trámites que deben hacerse cuando fallece un familiar,
- elaborar un estudio sobre las cargas administrativas y privadas que soportan los ciudadanos en estos casos,
- e impulsar mejoras para que esas gestiones no supongan una carga excesiva para las personas mayores
3. Movilidad de empleados públicos por razón de enfermedad
El informe destaca una recomendación muy concreta: modificar la resolución de 29 de marzo de 2019 para que no se archivaran solicitudes sin resolver el fondo del asunto cuando había movilidad por enfermedad. El Defensor entendía que eso podía vulnerar la tutela judicial efectiva y los derechos de prevención de riesgos laborales. La Secretaría de Estado de Función Pública acogió el criterio del Defensor en 2025 y modificó la resolución el 18 de junio de 2025.
4. Bolsas de trabajo, maternidad e interinidad en función pública
En función pública también aparecen otras recomendaciones temáticas:
- a la Diputación de Toledo, para respetar estrictamente el orden de llamamiento en bolsas de trabajo temporal; esta no fue aceptada;
- a la Secretaría de Estado de Justicia, para iniciar los trámites de renovación de las bolsas del Cuerpo de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses; esta fue aceptada;
- y a la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, para garantizar que en los llamamientos a personal funcionario interino se respete el derecho a la baja por maternidad sin perjudicar a la aspirante; esta también fue aceptada
5. Trata de seres humanos con fines de explotación laboral
Aquí el informe recuerda una recomendación previa, pero muy relevante, sobre la necesidad de agilizar los plazos del Plan contra la trata con fines de explotación laboral y la Instrucción conjunta en materia de vigilancia laboral, inmigración y seguridad social. Dice expresamente que esa recomendación fue aceptada, pero que el plan sigue sin ver la luz. Además, el informe insiste en problemas de fondo: falta de procedimientos de identificación solventes, exceso de enfoque policial frente al laboral y necesidad de mecanismos formales de derivación y acogida para víctimas de explotación laboral.
6. Servicios de atención a la clientela
El informe señala que la Ley 10/2025, de 26 de diciembre, sobre servicios de atención a la clientela, recoge en su exposición de motivos actuaciones del Defensor del Pueblo relacionadas con problemas en el funcionamiento de servicios de atención al consumidor. Es decir, aquí hubo una línea de trabajo institucional que acabó influyendo en una ley.
7. Título de familia numerosa
También menciona una recomendación cuya repercusión llegó incluso a una resolución judicial: la que incidía en la necesidad de reformular el criterio aplicado al cálculo de los ingresos anuales de la unidad familiar para obtener el título de familia numerosa.
8. Valoración del grado de discapacidad
El informe dice expresamente que en el tema destacado sobre la valoración del grado de discapacidad se hace un recuento detallado de las respuestas de las distintas administraciones autonómicas a cada recomendación formulada en esta materia, indicando si fueron aceptadas o no y con valoración de la propia institución.
Lo que enseñan estas resoluciones es muy claro. Primero, que los grandes problemas detectados por el Defensor del Pueblo en 2025 no fueron menores ni accesorios. Estamos hablando de violencia vicaria, personas mayores, maternidad en el empleo público, explotación laboral, atención a consumidores, discapacidad o acceso a títulos familiares.
Segundo, que la respuesta administrativa fue desigual. Algunas recomendaciones fueron aceptadas. Otras fueron rechazadas. Y en otros casos se aceptaron sobre el papel, pero la ejecución real sigue siendo lenta o incompleta.
Tercero, que el verdadero valor de estas resoluciones no está solo en la estadística anual. Está en identificar sobre qué materias la Administración está fallando tanto que necesita una corrección institucional formal.
Qué lectura hago yo para extranjería, nacionalidad y asilo
Aunque muchos de los ejemplos que acabo de mencionar no son de extranjería, a mí me parecen muy útiles también para quien está en un trámite migratorio. ¿Por qué? Porque muestran cómo funciona la maquinaria administrativa en España: con resistencias, con retrasos, con diferencias entre organismos y con necesidad constante de vigilancia institucional.
Eso significa que, cuando una persona tiene un expediente de extranjería, nacionalidad o asilo bloqueado o mal enfocado, no siempre está ante una anomalía individual. Muchas veces está chocando con un sistema que ya presenta problemas de funcionamiento en muchos otros ámbitos y que necesita presión jurídica y seguimiento para reaccionar.
Preguntas frecuentes sobre las recomendaciones y resoluciones del Defensor del Pueblo en 2025
¿Cuáles fueron las recomendaciones más relevantes del Defensor del Pueblo en 2025?
El propio informe destaca especialmente las relacionadas con violencia vicaria de género. También son muy relevantes las relativas a personas mayores, movilidad de empleados públicos por enfermedad, maternidad en bolsas de trabajo, explotación laboral, servicios de atención a la clientela, familia numerosa y discapacidad.
¿Qué recomendación fue rechazada de forma clara en los ejemplos del informe?
La dirigida a la Diputación de Toledo para que respetara estrictamente el orden de llamamiento en bolsas de trabajo temporal no fue aceptada.
¿Qué ejemplos claros hay de recomendaciones aceptadas?
Entre los ejemplos expresos del informe están la modificación del régimen de movilidad de empleados públicos por enfermedad, la renovación de bolsas del Instituto Nacional de Toxicología y el respeto a la baja por maternidad en llamamientos de personal interino en la Comunitat Valenciana.
¿Aceptar una recomendación significa siempre que el problema ya está resuelto?
No. El caso del plan contra la trata con fines de explotación laboral es muy claro: la recomendación fue aceptada, pero el propio informe dice que el plan sigue sin aprobarse.
Mi conclusión
Para mí, lo realmente importante del Informe anual 2025 no es solo saber que hubo 721 recomendaciones o 788 sugerencias. Lo importante es ver sobre qué problemas concretos tuvo que intervenir el Defensor del Pueblo y comprobar que, incluso en materias gravísimas, la respuesta administrativa no siempre fue ágil ni suficiente.
Y eso deja una enseñanza muy clara: cuando la Administración falla, no basta con confiar en que se corregirá sola. Hay que conocer bien el problema, documentarlo, insistir y construir una estrategia jurídica seria. Porque muchas veces solo así se consigue que el expediente avance o que la injusticia quede formalmente reconocida.
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