Por qué una regularización en España sí tiene sentido aunque existan sanciones europeas
En los últimos meses he visto otro argumento que se repite mucho: que España no va a sacar adelante una regularización porque tiene demasiados frentes abiertos con la Unión Europea, porque tiene sanciones o porque no hay dinero. Yo no comparto esa lectura.
La realidad es otra. La regularización no se analiza seriamente desde el miedo, sino desde las necesidades reales del país. Y hoy España tiene necesidades laborales, demográficas y administrativas que hacen perfectamente razonable debatir una regularización ordenada. Además, el propio Gobierno ha defendido en su reforma del Reglamento de Extranjería que la normativa debe responder a las demandas del mercado laboral, a las necesidades de las personas migrantes y a los retos demográficos de España.
Por eso, cuando alguien intenta explicar que una regularización no saldrá porque España tiene multas europeas, está mezclando planos distintos. Una cosa es el cumplimiento del Derecho de la Unión. Y otra muy distinta es la decisión interna de ordenar situaciones migratorias que ya existen y que afectan directamente al empleo, a la cotización, a la integración y a la seguridad jurídica.
La regularización no es un capricho, sino una herramienta de orden
Cuando yo hablo de regularización, no estoy hablando de improvisar. Estoy hablando de ordenar situaciones reales que ya existen. Muchas personas ya viven en España, ya trabajan en España o ya están plenamente insertadas en nuestra sociedad, pero lo hacen en condiciones de irregularidad o de precariedad administrativa.
Eso significa que el problema no desaparece por ignorarlo. Al contrario. Si el Estado no ordena esas situaciones, lo que hace es empujar a miles de personas a la informalidad, a la explotación laboral o a trayectorias administrativas rotas. Y eso no beneficia ni a la persona migrante ni al mercado laboral ni a la Administración.
De hecho, el propio documento de preguntas y respuestas del Gobierno sobre regularización afirma expresamente que la población migrante en España supone una gran fuerza laboral para el mercado de trabajo y la economía, y añade que muchas de estas personas ya trabajan hoy, aunque lo hagan en condiciones de informalidad o precariedad administrativa. Ese mismo documento explica que una regularización ordena situaciones laborales ya existentes y permite que ese trabajo se realice con derechos, cotización y seguridad jurídica.
España ya está reconociendo que necesita integrar mejor a la población migrante
No estamos hablando de una intuición aislada. El Gobierno aprobó en noviembre de 2024 un nuevo Reglamento de Extranjería explicando de forma expresa que la reforma se adapta a la situación actual del fenómeno migratorio, a la legislación europea, a las demandas del mercado laboral, a las necesidades de las personas migrantes y a los retos demográficos del país.
Además, esa misma línea se ha mantenido después. En 2025 y 2026, tanto el Ministerio como La Moncloa han insistido en que la política migratoria y la reforma del Reglamento buscan reforzar la conexión entre formación, talento y mercado de trabajo, facilitar la incorporación de personas extranjeras al empleo y responder mejor a las necesidades de España.
Por tanto, decir que una regularización sería absurda o imposible choca con el propio discurso oficial que ya está orientando la política migratoria hacia la integración laboral y la adaptación demográfica.
El mercado laboral español no se entiende hoy sin migración
La OCDE ha señalado en su Economic Survey of Spain 2025 que el sistema migratorio español ha estado históricamente poco alineado con las necesidades reales de mano de obra y que eso ha contribuido a desajustes y a una gran bolsa de trabajo informal.
Además, la Comisión Europea ha explicado que la migración y la movilidad tienen implicaciones directas para el mercado laboral de la Unión y que la proporción de población en edad de trabajar nacida fuera de la UE ha aumentado en la última década, acelerándose recientemente.
En España, el propio Gobierno ha defendido que la reforma del Reglamento de Extranjería prevé regularizar a unas 900.000 personas en tres años para favorecer su integración en el mercado laboral. Esa cifra no aparece como una ocurrencia aislada, sino como parte de una política que intenta conectar mejor inmigración, empleo y realidad económica.
También hay una razón demográfica que no se puede ignorar
España no solo tiene un debate migratorio. Tiene también un problema demográfico serio. El INE publicó en sus proyecciones 2024-2074 que la población de España alcanzaría 54,6 millones de personas en 2074 y que en los próximos 15 años el país ganaría más de 5,1 millones de habitantes. Al mismo tiempo, el envejecimiento seguirá aumentando y crecerá de forma significativa la población de mayor edad.
Además, tanto el Parlamento Europeo como la OCDE están advirtiendo de que el envejecimiento de la población va a generar escasez de mano de obra y presión sobre los sistemas económicos y fiscales. En ese contexto, la migración no resuelve por sí sola todos los problemas, pero sí forma parte de la respuesta.
Por eso, cuando yo hablo de regularización, no lo hago solo desde una perspectiva humanitaria o jurídica. También lo hago desde una perspectiva de país. España necesita ordenar mejor el trabajo, la residencia y la integración de personas que ya están aquí, especialmente en un contexto de envejecimiento y de necesidades crecientes del mercado laboral.
Regularizar no es abrir la puerta al descontrol
Este es otro punto que me parece importante. Hay quien presenta la regularización como si fuera una renuncia al control. Y no es eso. Una regularización bien diseñada sirve precisamente para sustituir desorden por control, opacidad por trazabilidad e informalidad por derechos y cotización.
Además, cuando el Estado conoce quién está aquí, en qué condiciones vive y cómo puede incorporarse legalmente al mercado laboral, mejora la gestión administrativa y reduce espacios de explotación. En cambio, cuando mantiene a miles de personas fuera de los circuitos ordinarios, lo que hace es cronificar el problema.
Por eso, desde un punto de vista jurídico y práctico, regularizar puede ser una herramienta de ordenación, no de caos.
Por qué las multas europeas no cambian esta lógica
España puede tener procedimientos de infracción abiertos y enfrentarse a reclamaciones económicas importantes por incumplimientos del Derecho de la Unión. Eso es real. Pero una regularización responde a otra lógica distinta.
Las multas europeas buscan forzar el cumplimiento de normas comunitarias concretas. La regularización, en cambio, busca ordenar situaciones administrativas y laborales dentro del país. No es el mismo debate, no es el mismo procedimiento y no es el mismo fundamento jurídico.
Además, el propio funcionamiento del Estado demuestra que España sigue aprobando reformas migratorias, laborales o administrativas aunque al mismo tiempo tenga contenciosos o ajustes pendientes con la Unión Europea. Por tanto, no es serio afirmar que una regularización sea imposible por la mera existencia de sanciones o reclamaciones europeas.
La experiencia reciente va en la dirección contraria
Si observamos lo ocurrido en los últimos meses, lo que vemos no es una retirada del Estado en materia migratoria, sino una intensificación de las reformas. El nuevo Reglamento de Extranjería redujo plazos, reforzó figuras de arraigo y buscó facilitar la integración de personas extranjeras a través de trabajo, formación y familia.
Además, La Moncloa y el Ministerio han insistido en que la política migratoria debe conectarse con las demandas del mercado laboral y con los retos demográficos. Eso no es el lenguaje de un Estado que se prepara para cerrar toda vía de ordenación migratoria. Más bien es el lenguaje de un Estado que busca reorganizar mejor su sistema.
Qué beneficios puede aportar una regularización bien diseñada
Más seguridad jurídica
Una regularización permite sacar a muchas personas de un limbo administrativo y darles un marco legal claro para residir y trabajar.
Más cotización y menos economía sumergida
Si el trabajo que ya existe pasa a hacerse con autorización y alta, el sistema gana en cotización, control y protección de derechos. El propio documento oficial del Gobierno lo explica en esos términos.
Mejor respuesta a necesidades laborales reales
La reforma del Reglamento y los análisis de la OCDE apuntan a la necesidad de alinear mejor migración y mercado laboral.
Más coherencia con la realidad demográfica española
En un país que envejece y necesita sostener actividad, empleo y cotización, no tiene sentido ignorar el papel de la población migrante. :
Errores que yo evitaría en este debate
Decir que regularizar es premiar la irregularidad
Una regularización no tiene por qué premiar nada. Puede ser una herramienta excepcional de ordenación y control de realidades que ya existen.
Decir que no habrá regularización porque España tiene multas
Esa relación no es automática ni jurídicamente seria. Son planos distintos.
Ignorar el mercado laboral y la demografía
España no puede discutir migración como si no existieran necesidades de empleo, envejecimiento de la población y economía informal.
Creer que dejar a la gente en irregularidad resuelve algo
No lo resuelve. Solo cronifica la precariedad, la inseguridad jurídica y la dificultad de control administrativo.
Preguntas frecuentes sobre regularización en España
¿Tiene sentido hablar de regularización aunque España tenga sanciones o expedientes europeos?
Sí. Son cuestiones distintas. Los expedientes europeos no eliminan por sí solos la posibilidad de una decisión interna de regularización.
¿El propio Gobierno ha vinculado migración, empleo y demografía?
Sí. Lo ha hecho expresamente al defender la reforma del Reglamento de Extranjería y su conexión con mercado laboral, necesidades de las personas migrantes y retos demográficos.
¿Hay base económica y laboral para defender una regularización?
Sí. Tanto el Gobierno como la OCDE han señalado la necesidad de mejorar la alineación entre migración y necesidades reales del mercado de trabajo.
¿La migración resuelve por sí sola el problema demográfico?
No por sí sola. Pero forma parte de la respuesta en un contexto de envejecimiento y escasez de mano de obra.
¿Regularizar significa perder control?
No. Bien diseñada, una regularización significa precisamente más control, más trazabilidad y más seguridad jurídica.
Mi conclusión jurídica
Yo lo tengo claro. Una regularización en España sí tiene sentido aunque existan sanciones europeas o retrasos en la adaptación de normas de la Unión. Además, responde a una lógica distinta: ordenar trabajo real, reducir precariedad administrativa, aumentar seguridad jurídica y responder mejor a las necesidades del mercado laboral y a los retos demográficos del país.
Por eso, cuando escucho que no habrá regularización porque España tiene multas o porque Bruselas aprieta, yo lo que veo es un análisis incompleto. Lo serio es otra cosa: mirar la realidad del empleo, de la demografía y de la política migratoria española, y entender que ordenar no es descontrolar, sino exactamente lo contrario.
Y ahí es donde yo me sitúo: en una visión jurídica, práctica y clara de la extranjería. Porque bastante incertidumbre tiene ya la gente como para añadirle titulares simplistas que no explican nada.
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